Transparencia Mexicana planteó siete acciones para recuperar la confianza social en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de señalamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación de bienes y servicios para la operación del organismo y mientras avanza la preparación del proceso electoral de 2027.
La organización propuso medidas dirigidas a la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR), el Órgano Interno de Control del INE, los organismos públicos locales electorales y las empresas proveedoras. El objetivo, indicó, es reforzar la integridad de las contrataciones y garantizar investigaciones con respeto al debido proceso.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señaló que la ASF y la FGR deben actuar de manera proactiva, debido a su papel dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, para contribuir a restaurar la confianza en la autoridad electoral.
Las siete acciones propuestas
- Designación de la nueva presidencia del INE. Transparencia Mexicana planteó establecer comunicación con la Cámara de Diputados para proponer verificaciones adicionales sobre la integridad de las personas aspirantes, incluida una revisión preventiva de la Unidad de Inteligencia Financiera y un análisis de sus declaraciones de intereses.
- Investigación administrativa de la ASF. La organización recomendó ampliar la revisión a una muestra adicional de contrataciones realizadas durante la presidencia de Guadalupe Taddei y realizar una auditoría forense para evaluar si los precios y condiciones de los contratos fueron razonables.
- Investigación penal. Transparencia Mexicana pidió considerar posibles conductas que vayan más allá de un eventual conflicto de intereses y recordó que la FGR puede investigar de oficio a servidores públicos y empresas, conforme a sus atribuciones legales.
- Medidas dentro del INE. Propuso que el Órgano Interno de Control revise las declaraciones patrimoniales y de intereses de funcionarios relacionados con adquisiciones y obra, además de establecer medidas de mitigación ante posibles conflictos de intereses.
- Participación del sector privado. La organización sugirió que las empresas proveedoras adopten medidas adicionales para garantizar la competencia y la integridad en los procesos de contratación, así como la identificación plena de accionistas y beneficiarios controladores.
- Contratos de los organismos electorales locales. Recomendó que los órganos internos de control de los OPLE revisen los contratos celebrados con proveedores señalados por posibles irregularidades, cuando estos no hayan sido auditados o incorporados a la cuenta pública correspondiente.
- Programas anuales de contrataciones. Planteó revisar de manera preventiva los programas de adquisiciones y obra pública del INE y de los OPLE para detectar riesgos y establecer medidas de mitigación durante 2026 y 2027.
INE sostiene que las responsabilidades deben determinarse con evidencia
El INE informó que respalda la investigación de la ASF y que cualquier responsabilidad debe determinarse por las autoridades competentes, con base en documentos, expedientes y evidencia verificable. También señaló que mantendrá la colaboración institucional y el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Como parte de sus medidas de transparencia, el Instituto presentó una propuesta de plataforma para consultar información sobre sus contrataciones, procedimientos, contratos y uso de recursos públicos. La herramienta busca facilitar el acceso ciudadano a esos datos mientras continúan las revisiones administrativas y, en su caso, las investigaciones correspondientes.