El Ayuntamiento de Tijuana autorizó negociar un convenio con la empresa Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) para resolver los litigios administrativos relacionados con un proyecto de transporte que no opera conforme a lo previsto. La empresa reclama mil 378 millones 836 mil 952 pesos, además de intereses, actualizaciones y otros conceptos.
Aunque la cifra ha sido presentada públicamente como un posible pago cercano a mil 400 millones de pesos, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz afirmó que el Cabildo no ha aprobado todavía un desembolso ni existe un monto económico definitivo. El acuerdo permite analizar, negociar y eventualmente formalizar un convenio para concluir los juicios.
El origen del litigio
El conflicto deriva de un contrato firmado en 2016, con vigencia prevista hasta 2046, para que el municipio y la empresa operaran un sistema integral de transporte masivo en Tijuana. La demanda fue presentada en diciembre de 2023 ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
El SITT fue diseñado para movilizar alrededor de 150 mil pasajeros diarios mediante más de un centenar de autobuses y unidades articuladas. Sin embargo, el sistema no alcanzó esa operación y parte de sus estaciones y puentes peatonales permanece abandonada o vandalizada.
Diferencias sobre lo aprobado
La administración municipal sostiene que el Cabildo únicamente autorizó revisar alternativas para resolver el litigio y que aún no se ha establecido un acuerdo económico. No obstante, el documento del acuerdo contempla facultades para suscribir y formalizar un convenio de terminación de los juicios, así como un esquema de pago diferido que podría extenderse hasta por 10 años o 120 mensualidades.
El instrumento establece que la cantidad final dependerá de la negociación y de las condiciones financieras pactadas. También prevé que, una vez definido el convenio y su anexo financiero, el Cabildo reciba información sobre el monto base, el porcentaje negociado, el plazo y el calendario de pagos.
Señalamientos y próximos pasos
La decisión generó cuestionamientos de la exalcaldesa Montserrat Caballero, quien solicitó la intervención del Congreso de Baja California y afirmó que al alcalde le ofrecieron una compensación para aceptar el acuerdo. El regidor Arturo Aguirre González negó ese señalamiento y sostuvo que la reunión descrita no ocurrió.
El municipio busca resolver la carga jurídica antes de avanzar en la transferencia del sistema al Gobierno de Baja California. Por ahora, el pago no está formalizado: el siguiente paso será concluir la negociación, precisar las condiciones financieras y someter el eventual convenio a las validaciones correspondientes.