La Fiscalía General de la República (FGR) descartó iniciar, por ahora, una carpeta de investigación contra Andrés Manuel López Beltrán y el senador Adán Augusto López Hernández, luego de los señalamientos realizados por el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna en relación con una presunta red de huachicol fiscal.
La determinación fue comunicada el martes 27 de octubre de 2026, después de que Farías Laguna, quien permanece preso en el penal del Altiplano, afirmara que dos testigos mencionados en el expediente —identificados con las claves “Santo” y “JCSP”— hicieron referencia a “Andy” y “Adán”, en el contexto de la investigación por contrabando de combustible.
La Fiscalía considera insuficientes los señalamientos
La FGR señaló que no cuenta con elementos suficientes para iniciar una investigación contra López Beltrán y López Hernández. Explicó que las manifestaciones referidas corresponden a testimonios de oídas, una figura que carece de la solidez o el fundamento legal necesario para abrir una indagatoria por sí misma.
La dependencia pidió que cualquier prueba relacionada con los dichos sea presentada ante la autoridad judicial competente y no únicamente por vías mediáticas. También subrayó que las declaraciones de una persona imputada y los elementos que aporte para su defensa deben analizarse dentro del debido proceso.
La investigación por el buque Challenge Procyon continúa
La Fiscalía indicó que mantiene abierta la integración de la indagatoria en la que aparecen mencionados Rubén Alfonso Vargas Juárez y Luis Jorge “N”, con el objetivo de esclarecer su posible participación en la red investigada.
El caso está relacionado con el ingreso del buque Challenge Procyon al puerto de Altamira, Tamaulipas, cargado con millones de litros de combustible que presuntamente no fueron reportados ante la aduana. Por estos hechos, 17 personas han sido detenidas y llevadas a proceso penal, de acuerdo con la información proporcionada por la FGR.
La aparición de nombres en declaraciones o testimonios no implica, por sí misma, que una persona esté imputada o bajo investigación formal. Cualquier responsabilidad deberá determinarse con pruebas y mediante las autoridades judiciales correspondientes.